Malvinas: el Ejecutivo propone nuevas sanciones y un Sistema de Seguridad Nacional

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones contra empresas y personas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares, sin autorización argentina.
La iniciativa no se limita a los hidrocarburos, sino que también contempla otras actividades vinculadas con recursos naturales renovables y no renovables. Además, alcanza a accionistas, socios, controlantes y proveedores que intervengan o faciliten esas operaciones.
Entre las principales medidas se establecen penas de prisión de hasta 20 años, multas calculadas en función del equivalente a una determinada cantidad de barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales de entre cinco y 20 años.
Para quienes brinden bienes o servicios esenciales a actividades prohibidas, el proyecto contempla penas de cinco a siete años de prisión y multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo.
En el caso de la prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización, las penas previstas van de 12 a 15 años de prisión, con multas de entre 40.000 y 200.000 barriles de petróleo. Para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las condenas podrían alcanzar entre 12 y 20 años, con multas de hasta dos millones de barriles.
La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos tendría penas de entre 15 y 20 años de prisión y multas que podrían llegar al equivalente de tres millones de barriles de petróleo.
El proyecto también establece consecuencias administrativas para empresas que incumplan el régimen, como la rescisión de contratos, la revocación de habilitaciones y restricciones para realizar contrataciones con el Estado. Asimismo, contempla la posibilidad de realizar juicios en ausencia en determinados delitos.
Régimen de regularización
La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a empresas que hayan realizado actividades alcanzadas por las prohibiciones. Para acceder, deberán demostrar que interrumpieron esas operaciones y comprometerse a no retomarlas.
El mecanismo contempla el pago de una multa o la reconversión de las inversiones hacia actividades legales dentro de la Argentina. En determinadas circunstancias, la regularización podría extinguir la acción penal.
El Gobierno también propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659 por el nuevo esquema de Defensa de la Soberanía Nacional.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
Otro de los ejes del proyecto es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional que coordinaría áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
El organismo rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
Entre sus funciones estaría asesorar al Presidente en cuestiones de Seguridad Nacional, elaborar políticas en esa materia y coordinar las acciones de los distintos organismos involucrados.
Medidas económicas y protección marítima y aérea
El proyecto también contempla medidas económicas ante situaciones consideradas amenazas externas. Frente a un riesgo grave e inminente, el Consejo podría proponer acciones sobre operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales.
También se incluye la posibilidad de bloquear temporalmente activos y aumentar hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
En materia de seguridad aérea, se establecen procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares o hostiles. Para el ámbito marítimo, se prevén mecanismos de detención e inspección de embarcaciones, con advertencias y disparos de advertencia y, como último recurso, acciones para inutilizarlas.
La propuesta amplía además el concepto de Defensa Nacional frente a amenazas externas estatales y no estatales y contempla la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica.
Nuevas restricciones y pedido al Congreso
La iniciativa también plantea restricciones al financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados con actividades de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
Tras enviar el proyecto al Congreso, el Ejecutivo pidió a los legisladores priorizar su tratamiento y dejar en segundo plano otras discusiones.
Milei afirmó que las medidas aplicadas anteriormente fueron, según su consideración, "ineficaces e insuficientes" para defender la causa Malvinas. Ahora, la iniciativa deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley. Fuente: Diario Chaco.